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#NiñasNoMadres

La problemática que viven las víctimas de violencia sexual y maternidad forzada es una situación que ha estado en la mira de instituciones defensoras de los Derechos Humanos desde hace años, la cual ha adquirido mayor vitalidad debido a las protestas recientes de mujeres con pañuelos verdes que reclaman la legalización del aborto.

Hoy en día, es imposible decir cuántas niñas se embarazan producto de abuso sexual. El Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por sus siglas en inglés), una organización internacional dedicada a la defensa de estos derechos dijo que hay cientos de casos de niñas embarazadas tras ser violadas en América Latina, pero no suelen tener difusión.

No obstante, sí existen algunos datos elocuentes que dan cuenta de la gravedad de la situación. En primer lugar, está un informe de la ONU que señala que América Latina es la segunda región con más maternidad infantil después de África. Organizaciones como el CRR atribuyen esto, entre otros factores, a los altos índices de violencia sexual.

Por si fuera poco, a la mayoría de las niñas que se embarazan a causa de una violación sexual, se les niega la atención médica para acceder a un aborto legal en los países donde este se permite, y en los países donde no, se les obliga a tener a sus hijos.

Es importante recalcar que el embarazo infantil forzado es todo aquel acontecido en niñas de 9 a 14 años, entendiendo que “una niña menor de 14 años queda embarazada sin haberlo buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del embarazo”, tal como se reporta en el documento “Niñas Madres: Embarazo y maternidad infantil forzada en América Latina y el Caribe” (2016). elige-red-ninas-no-madres-logo - Elige

Este embarazo puede ser producto, en su mayoría, de una violación sexual o provenir de una relación sexual consensuada con alguien de su edad en la que la niña no conocía las consecuencias o, en todo caso conociéndolas, no pudo prevenirlas por falta de acceso a educación sexual, a métodos anticonceptivos y a anticoncepción de emergencia.

Situación actual

La ONU señala que en sólo México Aproximadamente 32.8% de las adolescentes de entre 15 y 17 años ha sufrido alguna forma de violencia sexual en el ámbito comunitario.

Además, aunque todas las mujeres y las niñas están expuestas al riesgo de ser víctimas de violencia sexual, la intersección de diferentes características o factores contextuales como la pobreza, etnia, discapacidad, estatus migratorio, situación de desplazamiento, entre otros, aumentan su vulnerabilidad y las condiciona a enfrentar barreras adicionales para acceder a la justicia o a servicios de apoyo.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 , señalan dentro de sus prioridades resolver la situación de discriminación y desigualdad de género que viven muchas mujeres y niñas en todo el mundo.

El ODS3 “Salud y Bienestar” tiene como principales retos esta desigualdad de género que socava sistemáticamente el acceso de mujeres y niñas a la atención sanitaria, por razones que incluyen menos recursos financieros y limitaciones en su movilidad. Además, el embarazo y el parto representan riesgos específicos. En todo el mundo mueren cada día 840 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto que podrían haberse evitado.

Esta problemática se ve agravada por las cargas adicionales impuestas por las disparidades de género, que limitan su capacidad para mantenerse en buena salud. Entre ellas figuran las largas horas dedicadas al trabajo doméstico, la inseguridad de los entornos laborales y la violencia de género, para las que los mecanismos de prevención y de protección resultan a menudo inadecuados.PSTU | NIÑAS NO MADRES | PSTU

Por otro lado, el ODS5 “Igualdad de género” toma en cuenta todas las dificultades que la inequidad de género provoca en la vida de las mujeres y niñas. De esta manera, dentro de sus metas se encuentra garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos.

Consecuencias

Es claro que la violencia sexual y las maternidades forzadas representan graves consecuencias en la vida de las niñas latinoamericanas y graves violaciones a sus derechos, quienes se han visto forzadas a renunciar a sus sueños y a la oportunidad de vivir su infancia.

Aunado a esto, en muchos países de América Latina, el aborto es legal, como mínimo, para evitar un riesgo en la salud o la vida de la mujer. Sin embargo, en muchos de los casos en estas regiones los Estados no solo fallan en proteger a las niñas de la violencia sexual, sino que las obligan a continuar el embarazo y les imponen la maternidad. Esta realidad se agudiza en los países de la región como El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, en los que el aborto está penalizado en todas las circunstancias.

No olvidemos el impacto profundo en la salud física, emocional y social de los embarazos forzados en niñas y adolescentes. En primer lugar, el riesgo de muerte materna es cuatro veces mayor entre las adolescentes menores de 16 años. Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las complicaciones en el embarazo y el parto son la principal causa de muerte entre las adolescentes en países en vías de desarrollo.

La investigación, Vidas Robadas, publicada por Planned Parenthood Global describe cómo el embarazo no solo implica un riesgo evidente a la salud física de las niñas, sino también está asociado a elevados niveles de depresión, angustia, ansiedad y el trastorno total de sus vidas, incluyendo el abandono de los estudios, situación que afecta de manera desproporcionada a las niñas que ya enfrentan discriminaciones estructurales vinculadas a su grupo étnico o sus condiciones socio económicas.

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