En España la tortura y los malos tratos de personas detenidas a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley es una práctica extendida y persistente. Junto con otras ONG nacionales e internacionales y diversos órganos de derechos humanos de la ONU y el Consejo de Europa, Amnistía Internacional lleva años expresando honda preocupación por esta situación, así como por la impunidad de que disfrutan muchos agentes de policía en relación con estos delitos.