La policía y las fuerzas de seguridad de Oriente Medio y el Norte de África reprimieron brutalmente los masivos levantamientos populares que desde diciembre de 2010 tuvieron lugar en la región. En la represión que emprendieron las autoridades se hizo uso de armamento, munición y equipo conexo importados de los principales Estados exportadores de armas.

El saldo humano anual del comercio global de armas convencionales es enorme. En todo el mundo se cometen graves abusos contra los derechos humanos con una gran variedad de armas, municiones, armamento y material conexo. A consecuencia de ello, cada año, miles de personas mueren, resultan heridas, violadas y se ven obligadas a huir de sus hogares.

En el pasado, la tortura se ha considerado mayoritariamente en términos del dolor y el sufrimiento infligidos a una persona —a la que normalmente se suponía de género masculino— bajo custodia del Estado. Sin embargo, esta limitada noción excluye muchas formas de dolor y sufrimiento graves infligidos deliberadamente a mujeres y niñas. No reconoce como tortura delitos tales como la violación, la violencia intrafamiliar, la violación punitiva de lesbianas, la violencia perpetrada en nombre del “honor” o el dolor y sufrimiento graves causados por la negación de derechos reproductivos. Estos delitos no los cometen únicamente agentes estatales, sino también agentes no estatales con la aquiescencia del Estado.

La aprobación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas ha sido un importante avance en los esfuerzos por garantizar que las víctimas de desaparición forzada y sus familias pueden obtener justicia, verdad y reparación plena. Amnistía Internacional ha pedido a todos los Estados no sólo que firmen y ratifiquen la Convención, sino también que tomen medidas efectivas para aplicarla en su legislación y en la práctica.